Se trata de un incremento de carácter extraordinario que el Gobierno autoriza realizar a las empresas concesionarias de servicios de transporte público de viajeros en autobús para compensarlas por el encarecimiento del combustible.
"Las importantes variaciones experimentadas en el precio de los combustibles, especialmente desde comienzos de 2010, aconseja proceder a la revisión de las tarifas de los servicios públicos regulares permanentes y de uso general de transporte de viajeros por carretera", indica la orden ministerial que hoy publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).