Según explica en un comunicado esta institución, la disposición recurrida afecta al principio de seguridad jurídica proclamado en la Constitución (artículo 9.3) y al contenido previsto para la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma en el Estatuto de Autonomía y en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, por lo que ha considerado "pertinente" interponer este recurso de inconstitucionalidad.
"Las leyes de presupuestos tienen una función específica y constitucionalmente definida a la que deben ceñir su contenido, que es la previsión de ingresos y habilitación de gastos para un año, o al menos, guardar una relación directa con esta materia", subraya.
Asimismo, explica que esta disposición establece un régimen de reposición de personal docente e investigador para las universidades públicas de Cataluña, vinculado a un concreto plan de investigación (Plan Serra Húnter), lo que, a juicio del Defensor, "evidentemente tiene un carácter meramente organizativo y no guarda relación alguna con el contenido propio de la ley presupuestaria".
Por otra parte, apunta que la disposición adicional cuestionada impone la obligación a las universidades públicas de Cataluña de realizar mayoritariamente la reposición de su personal docente investigador a través del Plan Serra Húnter.
Para el Defensor del Pueblo este mandato imperativo "lesiona el contenido esencial del derecho fundamental a la autonomía universitaria", consagrado en el artículo 27.10 de la Constitución.
"Por una parte, restringe la potestad de selección de su personal académico a las universidades y, por otra, convierte en obligatoria la participación de las universidades en dicho Plan --del Gobierno de Cataluña y no de las universidades-- si quieren reponer sus efectivos de personal docente investigador a lo largo de 2017", concluye.