El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad asegura que Baleares está en su derecho de establecer que las mujeres que deseen abortar en la sanidad pública tengan que abonar ellas mismas la factura antes de la intervención, pues la Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo establece que deben ser las autonomías quienes se encarguen de decidir la forma de gestionar este servicio.