En un comunicado, ha afirmado que son éstos "los únicos" que los trabajadores reconocen como responsables de cumplir con el servicio público encomendado, y ha acordado apelar a todas las instancias europeas e internacionales en defensa del derecho a la información.
Ha asegurado que seguirán trabajando para garantizar una información veraz y rigurosa y una programación de calidad, ha reclamado la retirada del acuerdo del Consejo de Ministros que activa el artículo 155, y ha rechazado que el Gobierno nombre, "saltándose todos los trámites democráticos y legales", nuevos directivos de medios públicos.