La organización, que este jueves, 1 de diciembre, ha entregado un manifiesto a los portavoces de Hacienda en el Congreso, considera "irracional" el anuncio del Ejecutivo de recortar en los presupuestos para cumplir con el compromiso del objetivo de déficit. En su opinión, "sí hay dinero" para que las cuentas cuadren sin recortes, siempre que se "recaude de la manera adecuada".
Así, apuntan que se puede "subir los tipos impositivos a las rentas altas; luchar contra la elevada economía sumergida, la alta evasión fiscal y los paraísos fiscales; y establecer un impuesto de transacciones financieras" para lograr un aumento de la recaudación y "asegurar los derechos de las personas".
Según apunta el manifiesto, si se persiguiera el fraude fiscal a un nivel similar al de los países del entorno europeo, se captarían unos 40.000 millones de euros, y con un impuesto a las transaccionales financieras podría recaudarse más de 3 veces lo que se ha recortado en ayuda al desarrollo: 1.630 millones de euros.
AUMENTO DE LA INVERSIÓN SOCIAL
La organización apuesta porque este aumento de la recaudación pueda ser destinada a aumentar inversión social en España, de modo que alcance, como mínimo, la media europea. Así se lo pide también al Gobierno, al que recuerda que el país es el que tiene menor gasto público social por habitante, entre los países de la UE-15. Además, señala que en 2014 el gasto social supuso el 43,6 por ciento del PIB, lo que supone 4,5 puntos menos que el conjunto de estados miembros.
En el caso, de que los recortes en el capítulo de gastos sean inevitables, la organización señala que deberían hacerse en aquellas partidas que nos supongan pérdidas de derechos sociales a la ciudadanía, ni el retroceso del modelo económico y social basado en derechos. "La lucha contra la pobreza y la exclusión social, tanto en España como en otros países, y la inversión en políticas sociales deberían centrar el debate de los presupuestos", apunta la organización.
Del mismo modo, defiende que "cualquier medida que se plantee para salir de la crisis debe basarse en la solidaridad universal, la dignidad humana y debe poner en el centro de las personas como base de la cohesión social y territorial".
GOBIERNO COMPROMETIDO CONTRA LA POBREZA
Por otra parte, Alianza contra la Pobreza ha instado al Gobierno a que respete su compromiso con la lucha contra la pobreza, con el Desarrollo Humano y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Al respecto, piden, unos presupuestos que garanticen la educación y la sanidad y la protección social. También instan a las autoridades a invertir en un empleo de calidad, primando iniciativas que contribuyan a un modelo de producción y de consumo sostenibles y a apostar por una política de vivienda, entre otras materias.
"Empezamos un cambio de rumbo: el gobierno y los grupos parlamentarios tienen que respetar a la ciudadanía a la que representan y garantizar la solidaridad, el bienestar y los derechos sociales de todas las personas", concluye el documento.