Iván y su marido querían una educación bilingüe y laica para su hijo. El colegio rechazó al niño por falta de plazas. Sospechando que se trataba de un caso discriminación, Iván fue personalmente a matricular a su hijo sin decir que estaba casado con un hombre y salió del centro sevillano pensando que el niño estaba admitido. A los dos días le llamaron para decirle que las plazas estaban comprometidas. Dos años después, un juez ha imputado al director del colegio y a la responsable de admisiones por un delito de contra los derechos fundamentales y las libertades públicas penado con entre uno y tres años de prisión. El centro, privado, puede reservarse el derecho de admisión pero no rechazar a un niño por la orientación sexual de sus padres. El colegio guarda silencio. Habrá que esperar al juicio para saber di incurrieron en un delito.