En la operación, que continúa abierta, los agentes están registrando unos 50 domicilios e inspeccionando otras tantas gasolineras de distintas marcas, ante la sospecha de que hayan distribuido gasóleo destinado a uso agrícola transformado en gasóleo para vehículos.
De este modo, los implicados han incurrido en un fraude al impuesto especial de hidrocarburos que ronda los 2.000 millones de euros anuales.