Este organismo recuerda que los estados firmantes de la carta del Consejo de Europa se han comprometido ha garantizar a los extranjeros pertenecientes a países fuera del Consejo de Europa los derechos recogidos en la carta, o bien ratificando convenios sobre derechos humanos, en particular la Convención Europea de Derechos Humanos, o bien adoptando la legislación nacional.
Además, rechaza en su informe, fechado en enero de 2014 y correspondiente al cumplimiento de los derechos sociales por parte de los estados firmantes, la justificación que da el Ejecutivo Español de que la crisis económica hace necesario para llevar a cabo esta medida, puesto que considera que esta coyuntura no debería suponer una reducción de los derechos reconocidos por la convención.
Igualmente, añade que, incluso teniendo en cuenta el particular contexto generado por la crisis económica, los gobiernos deben llevar a cabo un nível mínimo de investigación y análisis, con discusiones y consultas a las organizaciones afectadas, sobre los efectos de las medidas, cuyo impacto en los grupos más vulnerables debería estar adecuadamente determinado.
"En cualquier caso, y dada la complejidad de las medidas para reorganizar el sistema de salud, la crisis económica no puede servir como pretexto para restringir o denegar el acceso al sistema sanitario que afecta de una manera muy sustancial a estos derechos", añade.
Pese a la "regresiva legislación" desarrollada en relación al acceso a la sanidad de los extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país, el Consejo de Europa no puede concluir en un incumplimiento por parte de España porque el informe analiza el periodo 2008-2011 (el decreto corresponde a abril de 2012). Sin embargo, advierte de que si se mantiene esta legislación, en el próximo informe no se podrá considerar que es conforme a las normas del Consejo de Europa ratificadas por España.
Respuesta de Sanidad
Sin embargo, un portavoz del departamento de Ana Mato ha explicado que ningún país de la UE reconoce el derecho a la cobertura pública de la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones a los extranjeros sin residencia legal que a sus nacionales y a los residentes legales.
Además, con la reforma sanitaria se establecieron los requisitos necesarios para obtener la tarjeta sanitaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), entre ellos contar con un permiso de residencia en España, pero no se limita el derecho a recibir asistencia sanitaria.
De hecho, recuerdan desde Sanidad, para estos ciudadanos la reforma garantiza la asistencia completa a menores de edad y mujeres embarazadas, así como la atención en servicios de Urgencias hasta el alta médica y el acceso a programas de salud pública.
"Y las comunidades tienen un margen amplio para dar la atención que quieran", han añadido las mismas fuentes, lo que hace que España sea el país europeo que más atención da por Ley a este colectivo.
Además, añade el portavoz de Sanidad del PP en el Congreso, Rubén Moreno, "no es cierto" que se incumpla la carta social del Consejo de Europa ya que ésta compromete a los países firmantes a ofrecer la misma asistencia sanitaria que a sus ciudadanos a todos aquellos que estén establecidos legalmente en el país, por lo que no estaría haciendo alusión a los inmigrantes irregulares.
De hecho, ha argumentado en declaraciones a Europa Press, de ser así ningún país firmante cumpliría con este requisito. El portavoz 'popular' ha recordado además que el citado informe del Consejo de Europa hace referencia al periodo del 2008 a 2011.