La denuncia se ha presentado dos horas después de que expirara el plazo dado por la alcaldesa, Ana Botella, para que concesionarias y sindicatos alcanzasen un acuerdo.
De este modo, tal y como anunció Botella, el Ayuntamiento pone en conocimiento de la Fiscalía los actos vandálicos y el incumplimiento de los servicios mínimos y asume el control directo de los mismos a través de la entrada de la empresa pública Tragsa. Sus operarios comienzan este sábado a cubrir los servicios mínimos.
Sanjuanbenito ha explicado que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía "una serie de hechos que que son gravemente lesivos" para el interés de los madrileños al hilo de la protesta y que podrían ser "constitutivos de delito". Se centran en las coacciones a trabajadores y en los daños en el patrimonio público.
Lo que pide el Ayuntamiento al Ministerio Fiscal es que inicie "diligencias de investigación a fin de averiguar la identidad de los autores" de esos hechos vandálicos y coacciones, "así como depurar responsabilidades penales", como señala el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.
El siguiente paso, anunciado por Botella el pasado miércoles, es que el Ayuntamiento "asume la garantía de los servicios mínimos que se han venido incumpliendo reiteradamente" desde el 5 de noviembre, en palabras del concejal. Así, desde la madrugada de este sábado se hace operativa la entrada de Tragsa, empresa pública que tiene la encomienda del Consistorio "para hacer que se cumpla el decreto de mínimos".