En este sentido, el PSOE quiere regular "con carácter de urgencia" la pobreza energética, definiéndola como aquella situación en la que consumidores vulnerables no disponen de rentas suficientes para satisfacer sus necesidades domésticas de energía y garantizar a estos el derecho al suministro.
Recuerdan que este derecho viene recogido en una directiva de la Unión Europea de 2009 y abogan por establecer un servicio mínimo de subsistencia, en coordinación con los servicios sociales de las administraciones competentes. Este servicio, subrayan, "no podrá ser interrumpido en ningún caso por las empresas comercializadoras".
La iniciativa, que esta formación quiere debatir en el Pleno del Congreso, también va dirigida ante los posibles efectos que pueda tener el final del bono social, anulado por el Tribunal Supremo. Ante esto, el PSOE pide al Gobierno que tome las decisiones que sean pertinentes para no repercutir las consecuencias en el recibo de los consumidores.
UN BONO SOCIAL REALMENTE DISTRIBUTIVO
El Alto Tribunal declaró el pasado 26 de octubre inaplicable el régimen de financiación, sustentado en las empresas eléctricas, a las que reconoce el derecho a cobrar una indemnización. En caso de que deba reintegrarse a todas las compañías que sufragan el bono social las cantidades pagadas desde 2014, advierten desde el PSOE, la cuantía de esta indemnización superará los 500 millones de euros.
Asimismo, el PSOE muestra su disconformidad con los criterios de la Administración para otorgar el citado, y anulado, bono social, y por tanto piden en la proposición no de ley modificar la definición de las categorías de beneficiarios con el objeto de que "tenga efectos realmente redistributivos".
En su exposición de motivos, el PSOE cree que al no estar ligado estrictamente a la renta per cápita del hogar, no está cubriendo las necesidades básicas de un nivel mínimo de suministro eléctrico a aquellos hogares que se encuentran en situación de pobreza energética.
"OPOSICIÓN DURA, EXIGENTE Y CONSTRUCTIVA"
"Muchas personas lo están pasando mal y hay que buscar una solución a estos problemas", ha dicho el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Heredia, que ha anunciado a través de un comunicado remitido a los medios que su grupo hará "una oposición dura, exigente, consistente, pero al mismo tiempo, constructiva".
"Hay muchas familias que no tienen recursos económicos y el gobierno tiene que garantizar que no puede haber pobreza energética en un país como España", ha concluido el dirigente del PSOE.
Por último, la iniciativa propone abordar una política de transición energética que se oriente hacia un nuevo modelo que tenga como prioridad la rehabilitación y eficiencia energética de los edificios, fomentar el autoconsumo de energía eléctrica e impulsar el sector de las energías renovables.