La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha rechazado el recurso del juez Pablo de la Rubia, encargado del Registro Civil de Sagunto, en Valencia, que aludía al derecho a la objeción de conciencia para no inscribir matrimonios homosexuales. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Sagunto, había alegado ante el Supremo que quería ejercer su derecho fundamental a la libertad ideológica mediante la objeción de conciencia "en cuanto a católico y de acuerdo con el magisterio de la iglesia católica".
El Tribunal Supremo le ha dicho que no, que los jueces están sometidos a la legalidad vigente. Más aún, añade el Supremo, cuando este asunto tiene un carácter técnico, "absolutamente desvinculado de toda práctica religiosa". Y es que según ha recordado la Constitución establece de forma "rotunda" la sumisión de los poderes públicos a la Ley, de tal forma que, además de prohibirles actuar contra las leyes, únicamente les permiten hacerlo cuando cuentan con habilitación del legislador.
Por tanto, el Alto Tribunal también ha añadido en su sentencia que si uno de los rasgos distintivos de la posición de los jueces y magistrados es su sumisión única a la legalidad "está claro que no pueden dejar de cumplir los deberes que emanan de la misma". En caso contrario, "se resentiría esencialmente la configuración del Poder Judicial y la función de garantía del ordenamiento jurídico y de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos".
Ya lo celebran
La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ya celebra la sentencia emitida por el Tribunal Supremo. Para su presidente, Antonio Poveda, la decisión del TS es "obvia", y espera que con ella "se frene el uso de la religión católica o cualquier otra ideología para arremeter contra los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales".