Según relata el Ministerio Público en su escrito de calificaciones, en junio de 2009, la acusada, de 29 años de edad, nacionalidad dominicana y residencia legal en España, acudió a Urgencias de la Residencia Cantabria por los dolores del embarazo, que llegaba a las 27-28 semanas.
En concreto, sufría dolor abdominal y hemorragia vaginal, y los médicos le informaron de que había una rotura prematura de membranas de la bolsa fetal que requería un ingreso inmediato para evitar riesgos infecciosos.
Pero la acusada se negó, cogió el alta voluntaria y volvió a su domicilio en Santander donde, al día siguiente, expulsó el feto, cortando el cordón umbilical con unas tijeras caseras.
A continuación, introdujo el feto, de sexo femenino y que había nacido vivo llegando a respirar, en un recipiente de plástico transparente y lo arrojó a un contenedor basura.
Después, fue a casa de su hermana, y luego fue trasladada al hospital, donde se le extrajo la placenta.
El feto falleció por la falta de madurez, unido a la carencia de asistencia médica para atender a los bebés prematuros.
Por estos hechos, se le pide una pena de 18 años de prisión por un delito de asesinato.