El director de la Cadena Ser, Daniel Anido, y el jefe de Informativos, Rodolfo Irago, han presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid un recurso contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid que les ha condenado a un año y nueve meses de prisión e inhabilitación profesional por revelación de secretos al informar sobre afiliaciones irregulares en el PP en la página web del medio.
En el escrito de apelación ante la Audiencia se pide que se anule la sentencia y se dicte la libre absolución de los periodistas, según ha informado la Cadena Ser.
Prevalece el derecho a la información
El recurso hace hincapié en que, como reconoce la propia sentencia, la información fue veraz, contrastada y de interés público, por lo que, como han establecido el Tribunal Constitucional y el Supremo, el derecho constitucional a transmitir información prevalece en todo caso frente al pretendido derecho a la intimidad que alegaban los denunciantes, no pudiendo excluirse de esa protección en modo alguno a la página web de la Ser.
El recurso sostiene que publicar el nombre de las personas que habían participado en ese proceso de afiliaciones irregulares "no puede ser considerado un delito de revelación de secretos, ya que en primer lugar, la intención de la información no era en absoluto revelar la ideología de nadie, sino denunciar un fraude, y en segundo lugar, la lista era un documento trascendente y relevante para probar la veracidad de la propia información".
El texto aduce además que el listado no era un documento secreto y que las pretendidas afiliaciones no revelaban ideología alguna, porque la finalidad del fraude era alterar un proceso electoral interno para favorecer los intereses urbanísticos de dos constructores de la zona, implicados además en el "tamayazo" que llevó finalmente a Esperanza Aguirre a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, un fraude que fue denunciado por la propia presidenta del PP de esta localidad.
Una actuación honesta
El escrito de apelación recuerda que la propia sentencia reconoce que los periodistas creían actuar de forma honesta y se pregunta cómo puede condenarse penalmente a quienes se dice que pudieron actuar honestamente.
Sobre la inhabilitación, el recurso señala que viene a suponer "la condena del mensajero" teniendo como efecto el de servir de "mordaza" para atemorizar a los medios de comunicación a la hora de desarrollar su legítima y esencial función,