Todos los partidos han exigido una condena firme sobre Rabat y que no se antepongan los intereses económicos a la defensa de los derechos humanos y de la dignidad del pueblo saharaui. La ministra de Exteriores ha negado contundentemente que haya intereses económicos en la falta de condena oficilal del Gobierno español sobre lo sucedido en el Aaiún.
En su primera comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, la ministra, Trinidad Jiménez, ha tenido que escuchar palabras muy duras, especialmente de los grupos de izquierda, que creen que los hechos ocurridos en el Sahara en los últimos once días pueden calificarse de "genocidio" o "matanza". Además,han criticado a Jiménez por defender ahora tesis distintas a las que postulaba cuando el PSOE estaba en la oposición.
La razón esgrimida por el Gobierno para no condenar la actuación de Marruecos, como le han exigido los partidos de la oposición, ha sido la falta de datos para saber con exactitud lo ocurrido, así como el número de muertos y heridos marroquíes y saharauis.
Trinidad Jiménez ha insistido en la necesidad de disponer de información "fidedigna" sobre los sucesos, aunque la ministra no ha especificado qué organismo internacional debería realizar el informe para que el esclarecimiento de los hechos se haga con independencia.
Profunda preocupación
También ha solicitado a Marruecos una investigación sobre la muerte del ciudadano saharaui con nacionalidad española Baby Hamday Buyema, quien murió atropellado por un vehículo de la policía marroquí cerca del campamento.
En sus primeras palabras, Jiménez ha reiterado la "profunda preocupación" por la violencia que se registró en El Aaiún y ha vuelto a pedir a las autoridades de Rabat que se levante el veto a los periodistas españoles y se les permita trabajar en la capital administrativa del Sahara Occidental para informar de esta crisis.
La necesidad de las relaciones con Marruecos
Otro de sus mensajes ha sido la necesidad de mantener la interlocución con Marruecos y la "sólida" relación que España y la UE mantienen con este país. Según Jiménez, esta alianza se basa en "el respeto de los principios democráticos, los derechos humanos y las libertades fundamentales" que Marruecos también comparte.
La jefa de la diplomacia ha recordado que España, más allá de su vinculación histórica, "no tiene ninguna responsabilidad" sobre el Sahara Occidental desde 1976 cuando abandonó el territorio. Por eso asegura que compete fundamentalmente a la comunidad internacional, aunque España presta una atención "preferente" a este asunto.
Vía legal para solucionar los ebnfrentamientos
La solución del conflicto del Sahara Occidental, pendiente de que se produzca su descolonización, sólo es posible, según la ministra, con la aplicación de la legalidad internacional y el apoyo "permanente" y "sin fisuras" de Naciones Unidas.
Jiménez ha hecho un llamamiento a la oposición para que la cuestión del Sáhara Occidental sea vista como "política de estado" y no genere enfrentamientos entre partidos.