En medio del temporal económico, el presidente Obama se ha encontrado, o ha provocado, un terremoto jurídico y moral. El debate sobre las torturas bajo la administración Bush. Un debate que ha empezado a coger velocidad y que nadie sabe cómo acabará. Ésta es la disyuntiva: ¿debe llevarse ante la justicia a los funcionarios, soldados o agentes de la CIA que practicaron torturas, y a los políticos que las autorizaron, o es mejor cerrar ese capítulo lo antes posible y mirar hacia el futuro?.
Numerosos grupos sociales, organizaciones de derechos humanos y amplios sectores del partido demócrata consideran que quienes hayan violado la legislación vigente y los acuerdos internacionales que Washington ha firmado, deben ser procesados. Y que Estados Unidos es un gran país, que se debe a sus principios y que es más fuerte cuando más los respeta. Muchos otros, en todos los ámbitos, sociales y políticos, argumentan que abrir ese melón, con riesgo de que se procese a Cheney, Rumsfeld y quién sabe si hasta a Bush, traería graves consecuencias, sería costoso y produciría un desgarro en el país. Este debate había comenzado cuando Obama permitió la difusión de actas secretas sobre brutales interrogatorios de la CIA. Los ciudadanos deben saberlo, dijo Obama.
Pero otros aseguraban que, al difundir esos horrores, se estaba realimentado a los terroristas. Y Cheney, ex vicepresidente con Bush, se atrevió con el argumento utilitarista: exijo a la CIA que explique cuántos de esos brutales métodos sirvieron para hacer hablar a los detenidos, y cuántos valiosos indicios se obtuvieron. En los Estados Unidos, más cada día, vuelan razones y contrarazones, desde las más nobles a las más miserables. Y Obama parece confuso, como arrastrado por unos remolinos de movimiento imprevisible. En España, donde vivimos el proceso GAL, sabemos que estos esclarecimientos son minas de fragmentación muy peligrosas. Pero si un día aceptemos que la tortura de estado puede quedar impune, estaremos iniciando el camino de nuestra destrucción.