El Congreso ha aprobado una nueva Ley de Asilo que establece un proceso más garantista y refuerza la protección de mujeres, niños, discapacitados y homosexuales, pero deja fuera a los ciudadanos de la Unión Europa.
El texto de la nueva Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, que ha sido pactado por PSOE, PP y CiU, recupera la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados, y garantiza la presencia de ACNUR en todas las etapas del proceso de solicitud.
Todos los grupos han coincidido en destacar que la nueva Ley mejora las garantías y el procedimiento, acorta los plazos de concesión del asilo, garantiza la confidencialidad de todo el proceso e incorpora las cuestiones de género e identidad y orientación sexual como motivos para solicitar asilo.
Además, desaparece el procedimiento abreviado y se detalla un procedimiento "de urgencia" que cuenta "con las mismas garantías" que el ordinario, incluida la posibilidad de que ACNUR presente un segundo informe en los casos en que se deniegue la petición de asilo.
Los europeos, la polémica
No obstante, ERC, IU-ICV y las organizaciones no gubernamentales que trabajan en defensa de los refugiados han cuestionado el que la Ley niegue el derecho de los ciudadanos europeos comunitarios a pedir asilo, "como si en la UE fuera inconcebible que haya personas perseguidas por su raza o su orientación sexual", ha subrayado Joan Tardá (ERC).
Pese a su colaboración con los diputados, la Comisión Española de Ayuda al refugiado (CEAR) y Amnistía Internacional (AI) no se han dado por satisfechos, como demuestra una carta que han enviado a todos los grupos parlamentarios pidiéndoles que no desaprovechen la "oportunidad de mostrar su compromiso real y efectivo con el derecho de asilo, en particular, y con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos".
Así, estas organizaciones han criticado que la nueva ley "convierta el asilo en una víctima de las políticas comunitarias obsesionadas con el cierre de fronteras".