Antonio Herrera, conocido como el 'jamonero de Trevélez', ha aceptado cumplir 11 años y cinco meses de cárcel y pagar 807.200 euros de multa tras llegar a un acuerdo con el fiscal. El fiscal le pedía inicialmente 46 años y diez meses de prisión y 2,2 millones de euros de multa por estafar a casi 200 vecinos de la Alpujarra.
El juicio, que estaba previsto este lunes en la Sección Primera de la Audiencia de Granada, no ha llegado a celebrarse y ha quedado visto para sentencia, puesto que todas las acusaciones, que representaban a particulares y a empresas perjudicadas y a la Abogacía del Estado, se han adherido a la solicitud del Ministerio Público. Solicitud con la que han mostrado su conformidad las defensas, la de Herrera y la de su mujer, también procesada.
El 'jamonero', que estuvo en paradero desconocido desde el 8 de octubre de 2004 hasta el mes de junio de 2007, cuando fue encontrado en República Dominicana, ha aceptado ser así autor de un delito continuado de estafa y apropiación indebida en concurso con otro continuado de falsedad en documento mercantil; otro de estafa; otro de alzamiento de bienes; y cuatro delitos más contra la Hacienda Pública.
Su mujer, de la que actualmente está separado, también se ha conformado con la modificación hecha este lunes por el fiscal, un total de dos años de prisión y multa de 800.000 euros, frente la pena de siete años de cárcel y multa de más de 730.000 euros a las que se enfrentaba inicialmente, por tres delitos contra la Hacienda Pública.
Ambos deberán además indemnizar de manera solidaria a todos los perjudicados en más de 11,7 millones de euros, y hacer frente al pago de 728.419 euros, a ingresar en la Hacienda Pública por la cuota tributaria no ingresada.
Una historia marcada por la estafa
El 21 de diciembre de 1993 constituyó junto con su esposa la sociedad mercantil 'Jamones Fernando S.L.', cuyo objeto era el secado y curación de jamones, con sede social en Trevélez, donde ambos residían. Poco después de iniciar su actividad empresarial, Herrera decidió utilizar como línea de financiación el capital proveniente de los vecinos de la zona.
Para ello, cuando conocía que alguien de la comarca disponía de fondos, se ponía en contacto con él para la inversión. Así, efectuaba persistentes comunicaciones verbales, llamadas telefónicas e incluso se trasladaba a otras localidades para la captación de fondos ofreciendo un negocio rentable, incluso cuando la situación llegó a ser precaria.
A partir de 2002 y 2003, cuando los inversores perjudicados pretendían retornar las cantidades prestadas con sus correspondientes intereses devengados, Herrera lograba convencerlos con "falsas promesas" para que reinvirtiesen su capital en el "fraudulento" entramado empresarial creado. Un entramado cuya situación deficitaria e insostenible era ya plenamente conocida por el procesado, que derivó en un concurso necesario de quiebra.