En su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados desde su toma de posesión, el titular de Justicia, Francisco Caamaño, ha propuesto un "gran acuerdo social" para lograr la informatización de todo el sistema judicial. Para ello, en los próximos 3 años destinará 600 millones de euros.
Caamaño ha anunciado también su intención de crear un Registro Civil de España, único y moderno, y ha apostado por abrir una reflexión sobre la posibilidad de reducir el "complejo y nutrido sistema de recursos judiciales" que provocan dilaciones.
El ministro de Justicia ha admitido desde el inicio de su comparecencia que "el pueblo español no está especialmente satisfecho con el funcionamiento de la Justicia". Algo que probablemente haya sido así siempre.
Metas realistas
Durante su explicación, Caamaño ha hecho hincapié en la importancia de las nuevas tecnologías y la conciliación familiar de jueces.
Para el ministro es necesaria la actualización de la legislación penal y procesal, y que hay que "fijar metas realistas". Por eso, ha hecho público el despliegue de un nuevo sistema informático "para que toda la Administración funcione conectada en red y conectada entre sí".
Y en lo que a las competencias para señalar los juicios se refiere, el ministro no fue más allá de ratificar su compromiso de lograr un acuerdo con los grupos parlamentarios del Congreso, y conciliar, así, las funciones de jueces y secretarios en esta materia.