Venezuela elige su Asamblea Constituyente en medio de un clima de violencia imparable. La elección de las 545 personas que formarán la asamblea y que serán las encargadas de redactar la nueva Carta Magna, ha despertado críticas de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), coalición opositora, así como de conocidos 'chavistas', como la fiscal general, Luisa Ortega Díaz y de la comunidad internacional por cómo se ha llegado a este punto.
Maduro ha argumentado que la convocatoria de la Asamblea Constituyente es "un deber histórico ineludible" que tiene "la finalidad primordial de garantizar la preservación de la paz del país ante las circunstancias sociales, políticas y económicas actuales, en las que severas amenazas internas y externas de factores antidemocráticos se ciernen sobre el orden constitucional".
El jefe de Estado plantea la Asamblea Constituyente como la salida a la crisis que atraviesa Venezuela desde hace años y que se agravó el pasado marzo con unas polémicas sentencias del Tribunal Supremo que despojaron al Parlamento, controlado por la MUD, de sus poderes, lo que desencadenó una serie de manifestaciones que han sido duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad, dejando más de cien muertos y miles de detenidos.
Maduro convocó el 1 de mayo la Asamblea Constituyente y descartó celebrar un referéndum, algo que sí hizo su antecesor hace 18 años. Para la MUD y para la fiscal general es ilegal porque, de acuerdo con la Carta Magna, solo el pueblo, como "depositario del Poder Constituyente", "puede convocar". El oficialismo, por su parte, se agarra a que la Constitución concede al presidente "la iniciativa de convocatoria".
Tendencia 'chavista'
La MUD ha denunciado que este diseño favorece el dominio oficialista de la futura cámara porque la distribución territorial se ha hecho por municipio sin tener en cuenta el número de habitantes, algo que beneficia a las zonas rurales, de tendencia 'chavista', frente a las ciudades, donde la adhesión al Gobierno ha comenzado a diluirse.
Además, la oposición ha advertido de que los sectores elegidos son de marcado carácter oficialista debido a que muchos dependen directamente del Gobierno por las ayudas sociales que reciben o porque su cargo es de creación 'chavista', como en el caso de los representantes comunales.
A ello se suman las denuncias por presiones a los votantes sectoriales. El propio Maduro ha ordenado censar a los funcionarios para garantizar que acuden a las urnas. "Si tenemos 15.000 trabajadores, deben votar los 15.000 , sin ninguna excusa, empresa por empresa, ministerio por ministerio, alcaldía por alcaldía", aclaró.