El Ministerio de Justicia ha esgrimido que el partido "ha cometido graves violaciones de las leyes del Reino (...), incluyendo la incitación de actos de terrorismo y promover el derrocamiento forzoso del régimen político".
En respuesta, el Centro de Bahréin por los Derechos Humanos (BCHR), Americanos por la Democracia y los Derechos Humanos en Bahréin (ADHRB), el Instituto de Bahréin por los Derechos y la Democracia (BIRDD) y el Centro Europeo por la Democracia y los Derechos Humanos (ECDHR) han condenado "en los términos más firmes posibles los intentos del Gobierno de Bahréin de disolver Waad y desmantelar sistemáticamente el espacio político independiente del país".
En un comunicado conjunto, han recalcado que "no es la primera vez en la que las autoridades de Bahréin han actuado contra Waad y sus miembros", recordando que "en 2011, las fuerzas de seguridad arrestaron y torturaron al líder suní de la sociedad, Ebrahim Sharif, por su participación en el movimiento prodemocrático".
Sharif fue condenado por un tribunal militar a cuatro años de cárcel, y su partido fue suspendido por "ser crítico con las Fuerzas Armadas y difundir noticias falsas para incitar a la sedición y las divisiones entre los ciudadanos".
En noviembre de 2014, las autoridades suspendieron nuevamente a Waad junto al partido opositor Al Wefaq, poco antes de las elecciones parlamentarias.
Sharif fue arrestado nuevamente en 2015, semanas después de ser liberado, y fue sentenciado a otro año de prisión por un discurso que dio durante su periodo fuera de la cárcel.
"La disolución de Waad implicaría la completa destrucción por parte del Gobierno del bloque opositor pacífico en Bahréin", ha argumentado el director del BIRD, Sayed Ahmed al Wadaei.
El director ejecutivo de ADHRB, Husain Abdulá, ha recalcado que "no es una coincidencia que, particularmente en los últimos dos meses, el Gobierno de Bahréin se haya sentido libre para cometer algunas de las más flagrantes violaciones de los derechos civiles y políticos desde 2011".
"El preocupante desdén por los Derechos Humanos y las instituciones internacionales expresados por el nuevo presidente de Estados Unidos (Donald Trump), así como los esfuerzos generales para silenciar las críticas internacionales liderados por el otro aliado clave de Bahréin, Reino Unido, han generado la sensación en Manama de que es seguro eliminar cualquier desafío legítimo al 'statu quo' actual", ha remachado.
JUICIOS MILITARES A CIVILES
La petición del Ministerio de Justicia ha llegado apenas un día después de que la cámara alta del Parlamento de Bahréin aprobara por unanimidad modificar la Constitución del país para permitir que los civiles sean juzgados por tribunales militares.
Tras ello, el ministro de Justicia, Jalid bin Alí al Jalifa, defendió la decisión, recalcando que "se ha vuelto necesario desarrollar herramientas legislativas para contribuir a mantener la seguridad y la estabilidad" y afirmando que "el país hace frente a una guerra contra los grupos terroristas y las milicias apoyadas por países y organizaciones (extranjeros)".
En este sentido, argumentó que "un juez militar está en posición de hacer frente a casos por terrorismo", resaltando que "estos casos deben ser tratados como un acto militar, y no civil".
La votación tuvo lugar cerca de una semana y media de que la Cámara Baja aprobara las enmiendas. El proyecto de ley será enviado al rey, Hamad bin Isa al Jalifa, para su ratificación.
El Consejo de la Shura --la Cámara Alta-- está integrado por 40 miembros que son elegidos por el rey. Por su parte, el Consejo de Representantes --la Cámara Baja-- está integrado por otros 40 miembros, que son elegidos en comicios.
La Constitución del país limita la jurisdicción de los tribunales militares a los delitos o crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad, si bien el proyecto argumenta que "el incremento del terrorismo en la región" y la "flexibilidad" y "rapidez" de los juicios militares justifica la enmienda.
La última vez que tribunales militares juzgaron a civiles en el país fue tras las protestas prodemocráticas de 2011, cuando cerca de 300 personas fueron condenadas por crímenes políticos.
AUMENTO DE LA REPRESIÓN A LA OPOSICIÓN
La decisión de la cámara alta del Parlamento tuvo lugar en un momento en el que las autoridades del país han recrudecido su campaña de represión contra la oposición.
El Gobierno anunció en enero la restauración de la autoridad para llevar a cabo detenciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), dando marcha atrás en una de las recomendaciones de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin (BICI) que había aplicado tras las protestas prodemocráticas iniciadas en 2011.
La decisión anuló un decreto aprobado en 2011 que quitó estos poderes a la NSA tras una investigación sobre los abusos cometidos por el organismo contra manifestantes y detenidos.
A pesar de que el nuevo decreto sólo dio los poderes de detención en casos de terrorismo, las autoridades han usado esta legislación, de definición inexacta, contra activistas, periodistas y manifestantes, por lo que varias ONG ya han expresado su temor acerca de su posible uso.
La BICI, establecida para investigar las violaciones de Derechos Humanos entre febrero y junio de 2011, confirmó que durante ese periodo la NSA había torturado a manifestantes, lo que habría causado al menos una muerte.
Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas de 2011. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de ese año, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en manifestaciones o disturbios.