"El Brexit no es un juego, no lo olviden", ha declarado Barnier a la prensa en Bruselas, a la salida de un almuerzo de trabajo con el negociador británico, el ministro para el Brexit, David Davis, en la residencia británica en Bruselas.
Antes de esas palabras, Barnier ha dicho que ha tenido una conversación "constructiva" con Davis y que no será "ni la primera ni la última vez" en que eso ocurra.
El lunes arrancó la quinta ronda de negociaciones sin la presencia de Davis, que se ha incorporado con un día de retraso, y está previsto que se alargue hasta el jueves, aunque no se esperan avances significativos.
Esta es la última ronda de conversaciones antes de que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE a 27 decidan en su próxima cumbre del 20 de octubre si se dan las condiciones para abrir la segunda fase de las negociaciones, lo que implicaría abrir el debate sobre el marco de relaciones futuras, tal y como exige Londres.
Sin embargo, el negociador europeo ha dejado claro en las últimas semanas que por el momento no se dan esas condiciones, ya que no ha habido "avances sustanciales" en las tres prioridades: derechos de los ciudadanos, factura de salida y la frontera irlandesa.
Falta resolver cuestiones importantes en materia de ciudadanos, incluidas las competencias del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), las condiciones de reunificación familiar y la "exportación" de algunos beneficios sociales, según han apuntado fuentes comunitarias.
Pero el mayor escollo es la factura de salida que deberá pagar Reino Unido cuando se produzca el divorcio. La metodología para calcular el monto se discute durante esta ronda a nivel "técnico", lo que implica que no llegará a la mesa de negociaciones y, por ende, no se esperan avances, han subrayado las fuentes consultadas
En su reciente discurso en Florencia (Italia), May apuntó la voluntad de atender los compromisos y obligaciones presupuestarias adquiridas por Londres con los presupuestos europeos hasta 2020.
Aunque no dio cifras este compromiso se estima en el lado británico en unos 20.000 millones de euros, una cifra muy alejada de los al menos 50.000 millones que, como mínimo, espera la UE.