El Consejo de la UE (la institución en la que están representados los Estados miembros) decidieron congelar los fondos de Almaz-Antey en 2014 por haber suministrado armamento pesado a los separatistas en Ucrania oriental. Los países del bloque comunitario añadieron además que estas armas fueron empleadas por los separatistas, incluso para derribar aviones, contribuyendo a la desestabilización del país.
La sentencia de la justicia europea desestima el recurso presentado por el fabricante ruso y ha argumentado que el Consejo de la UE no actuó de forma desproporcionada "al decidir congelar los fondos de entidades que proporcionan apoyo material o financiero a las acciones del Gobierno ruso al objeto de menoscabar o amenazar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania".
Así, el TUE afirma que la congelación de fondos "permite alcanzar el objetivo consistente de impedir la escalada del conflicto en Ucrania" puesto que al estar dirigidas tanto a personas y entidades responsables de acciones y a otras que sostienen materialmente o económicamente estas acciones, "el Consejo pudo legítimamente esperar que sus acciones finalizaran o fueran más costosas para quienes las llevan a cabo, a efectos de promover un arreglo pacífico de la crisis".
Por otro lado, la sentencia confirma el análisis del Consejo según el cual Almaz-Antey es una empresa pública propiedad del Estado ruso y controlada por él. De esta forma, al fabricar armas y equipos militares y al suministrarlos a Rusia, que proporciona a su vez armas a los separatistas del Este de Ucrania, el TUE confirma que la empresa "sostiene materialmente acciones que menoscaban o amenazan la integridad, la soberanía y la independencia de Ucrania".
También defiende el TUE que el Consejo presentó "numerosos artículos de prensa" que muestran la destrucción en pleno vuelo de aeronaves y helicópteros del ejército ucraniano por parte de los separatistas, así como que Almaz-Antey no refutó la información que recogen estos artículos "ni tampoco intentó demostrar en qué medida es manifiestamente errónea".
Con respecto a la destrucción del avión MH17 de Malaysian Airlines, en la que murieron 298 personas el 17 de julio de 2014, causada por un misil tipo BUK que fabrica Almaz-Antey, el tribunal señala que la cuestión de si debe imputarse al ejército ucraniano o a los separatistas "carece de incidencia" puesto que no fue decisivo para la congelación de fondos.
Por último, el TUE sostiene que el Consejo no estaba obligado a demostrar positivamente que las armas fabricadas por Almaz-Antey hubieran sido utilizadas en Ucrania por los separatistas y añade que es "difícil" aportar esta prueba, en especial en una situación de conflicto.