En su comunicado, el tribunal ha señalado que "Kenia no ha cumplido con su obligación de cooperar", trasladando el tema a la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma --órgano legislativo del TPI--.
Así, ha señalado que el organismo "está mejor posicionado para hacer frente a la falta de cooperación y para incentivar al Gobierno keniano a cooperar con el TPI".
El TPI decidió en marzo de 2015 retirar las acusaciones de crímenes contra la Humanidad contra Kenyatta, al que se responsabilizaba de la violencia desatada en el país tras los comicios de 2007.
Con dicha decisión, el TPI anuló antes de empezar su caso más importante, si bien dejó cierto margen para reactivarlo, reservándose el derecho a investigar las numerosas irregularidades cometidas durante el juicio y que podrían desembocar en una acusación de desacato contra el presidente keniano, al que se acusa de corromper testigos.
A Kenyatta se le imputaban cinco cargos de crímenes contra la humanidad --asesinato, deportación o transferencia forzada, violación, persecución y otros actos inhumanos--, confirmados el 23 de enero de 2012.
El TPI solo ha podido concluir tres casos, todos ellos de baja envergadura. Sus grandes objetivos -- el presidente sudanés Omar Hasán al Bashir o el hijo del fallecido dictador Muamar Gadafi, Saif al Islam-- permanecen fuera de su alcance.