Los miembros del Supremo han reprochado al Gobierno esta nueva petición de moratoria para la evacuación, ya que la primera sentencia favorable a los propietarios palestinos de los terrenos en los que se levanta Amona data de 2008.
"La obligación de cumplir las sentencias de los tribunales no es una cuestión de elección. Es esencial que el Gobierno cumpla la ley a la que todo el mundo está sujeto como precepto fundamental de Israel como Estado judío y democrático", ha señalado el tribunal, según recoge el diario israelí 'Haaretz'.
Desde el grupo de Derechos Humanos israelí Yesh Din, representante de los propietarios palestinos, han destacado que la petición del Gobierno no tenía ningún tipo de respaldo "aparte de la capitulación de la Fiscalía a las presiones políticas".
Mientras, el Gobierno tramita ya a través de la comisión de Legislación del Ejecutivo la conocida como Ley de Formalización, que legaliza de forma retroactiva todos los asentamientos de Cisjordania, lo que podría afectar a Amona si finalmente la iniciativa recibe la aprobación de la Knesset o Parlamento israelí.
Hanan Ashrawi, de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), ha condenado la iniciativa legislativa porque supone "una violación directa del Derecho Internacional y de las convenciones que prohíben el racismo y la expansión territorial como consecuencia de la guerra y la violencia".
Cisjordania --incluida Jerusalén Este--, la Franja de Gaza y los Altos del Golán fueron ocupados militarmente por Israel en la guerra de 1967, por lo que la construcción de asentamientos y la colonización de estos territorios supone un crimen de guerra desde el punto de vista del Derecho Internacional.
En Cisjordania viven unos 531.000 colonos judíos, según datos de 2012, parte en colonias consideradas legales por Israel y parte en asentamientos considerados ilegales incluso por el Gobierno israelí.