El Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por las autoridades chilenas para evitar pagar hasta 30 millones de pesos (unos 40.000 euros) a cada uno de los 74 familiares de 20 víctimas --tanto muertos como heridos--, según ha informado 'La Tercera'.
"Si bien es efectivo que, en general, cualquiera persona (...) pudiera no haber reaccionado en la forma que correspondía frente a la eventualidad de un maremoto, no es menos cierto que, al contrario de lo que señala la parte demandada, ello no resulta aplicable a las autoridades", ha establecido el alto tribunal.
La Justicia chilena ha imputado a seis altos cargos que se encargaron de gestionar la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 8,8 en la escala Richter y el consecuente tsunami.
Los organismos de emergencia emitieron una alerta de tsunami tras el seísmo pero después la retiraron, haciendo que la población volviera a las zonas costeras, que finalmente fueron golpeadas con fuerza por el mar.