El acuerdo ha sido alcanzado durante una cumbre en la capital de Malí, Bamako, del G-5 del Sahel --integrado por Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger--, en la que ha participado además el presidente de Guinea, Alpha Condé, como invitado.
Loa países miembro del G-5 del Sahel han apuntado que antes de la creación de la fuerza conjunta será necesaria una resolución a tal fin del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de la Unión Africana (UA).
Asimismo, han adelantado que solicitarán financiación internacional para la misma, abogando además por "la eliminación sin más aplazamientos de los visados para todos los tipos de pasaportes" entre los países miembro.
"Los jefes de Estado (del G-5 del Sahel) han destacado que la situación de seguridad en la región sahelo-sahariana está marcada, por una parte, por la desintegración del Estado en Libia y, por otra parte, por el recrudecimiento de los ataques terroristas por parte de los movimientos extremistas en el norte de Malí, Burkina Faso y Níger", ha indicado el organismo en su comunicado final.
En el mismo, ha destacado que "el aumento del extremismo violento y la radicalización, la proliferación de las armas ligeras, el tráfico de drogas y migrantes, la trata de seres humanos, y sus lazos con el crimen organizado, tienen unas proporciones cada vez más inquietantes".
Los países miembro del G-5 del Sahel han recalcado que "son conscientes de que las amenazas de seguridad transfronterizas suponen un freno al desarrollo en la zona sahelo-sahariana".
En este sentido, han aplaudido la decisión de Níger, Burkina Faso y Malí de establecer una fuerza conjunta para hacer frente a la inseguridad en la zona fronteriza común, conocida como área Liptako-Gourma.
La decisión fue tomada el 24 de enero durante una cumbre de la Autoridad de Liptako-Gourma, creada en 1970 por estos tres países para potenciar el desarrollo de la zona fronteriza común.
Por otra parte, han condenado el atentado perpetrado en enero en una base militar de la localidad maliense de Gao, que se saldó con la muerte de al menos 77 personas.
Así, ha dicho que el atentado "constituye una nueva etapa en la innovación de los medios operativos de los grupos terroristas", tildando el ataque de "barbarie incalificable".
El atentado fue ejecutado en una base que alberga a soldados gubernamentales y a miembros de grupos armados rebeldes --Plataforma y Coalición de Movimientos del Azawad (CMA)-- que acordaron llevar a cabo patrullas conjuntas en el marco del acuerdo de paz firmado en 2015.
Estas patrullas, a las que está previsto que se unan también militares malienses, están pensadas como germen de una reconfiguración del Ejército en el que estén integrados dichos antiguos miembros de grupos rebeldes.