Los residentes de Amona han celebrado una reunión de emergencia en la que han reclamado al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que intervenga para evitar la evacuación y derribo de sus viviendas.
"Nosotros, residentes de Amona, recurrimos a usted personalmente. Las vidas de los residentes de Amona, 42 familias, entre ellas niños, están en sus manos", ha dicho Avichai Boaron, quien encabeza las peticiones contra el desmantelamiento.
"La responsabilidad es ante todo suya. Después, y sólo después, la responsabilidad recae sobre sus ministros", ha agregado, según ha informado el diario local 'Yedioth Ahronoth'.
Así, ha afirmado que, si Netanyahu no actúa, los residentes de Amona permanecerán en el lugar "como un muro junto a miles de personas de todo Israel que se reunirán aquí el día de la evacuación".
El Tribunal Supremo de Justicia ha desestimado este lunes un recurso presentado por el Gobierno israelí y ha reafirmado que el asentamiento deberá ser evacuado antes del 25 de diciembre por ser un asentamiento levantado ilegalmente, incluso desde el punto de vista del Derecho israelí.
Los miembros del Supremo han reprochado al Gobierno esta nueva petición de moratoria para la evacuación, ya que la primera sentencia favorable a los propietarios palestinos de los terrenos en los que se levanta Amona data de 2008.
Desde el grupo de Derechos Humanos israelí Yesh Din, representante de los propietarios palestinos, han destacado que la petición del Gobierno no tenía ningún tipo de respaldo "aparte de la capitulación de la Fiscalía a las presiones políticas".
Mientras, el Gobierno tramita ya a través de la comisión de Legislación del Ejecutivo la conocida como Ley de Formalización, que legaliza de forma retroactiva todos los asentamientos de Cisjordania, lo que podría afectar a Amona si finalmente la iniciativa recibe la aprobación de la Knesset --Parlamento israelí--.
El Derecho Internacional contempla todos los asentamientos como ilegales, si bien Israel diferencia entre aquellos a los que ha concedido permiso y los que no, que son los que se verían afectados por esta legislación.
El último borrador de la Ley de Formalización contempla la legalización de todos aquellos que hayan contado con apoyo del Estado, y no los establecidos fuera de la planificación de las autoridades.
Cisjordania --incluida Jerusalén Este--, la Franja de Gaza y los Altos del Golán fueron ocupados militarmente por Israel en la guerra de 1967, por lo que la construcción de asentamientos y la colonización de estos territorios supone un crimen de guerra desde el punto de vista del Derecho Internacional.
En Cisjordania viven unos 531.000 colonos judíos, según datos de 2012, parte en colonias consideradas legales por Israel y parte en asentamientos considerados ilegales incluso por el Gobierno israelí.