En su comunicado, la Dirección General de Seguridad ha indicado que "3.181 miembros del personal de seguridad suspendidos han sido reevaluados y han vuelto a sus tareas".
Asimismo, ha agregado en su comunicado que otros 2.205 miembros de las fuerzas de seguridad han sido cesados, según ha informado la agencia estatal turca de noticias, Anatolia.
Desde el intento de golpe de Estado, más de 110.000 jueces, profesores, policías y funcionarios han sido suspendidos o cesados, mientras que otros 36.000 han sido arrestados.
Además, otros 4.200 miembros del personal militar han sido cesados, lo que ha llevado incluso a una falta de pilotos para las Fuerzas Aéreas, forzando al Ejército a iniciar una campaña de reclutamiento.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha acusado insistentemente en los últimos años a Gulen de urdir un plan para echarle del poder valiéndose de sus simpatizantes en todos los estamentos del Estado.
La campaña contra Gulen y sus seguidores del movimiento Hizmet se inició después de la apertura de una investigación por corrupción contra varios ministros del Gobierno de Erdogan en diciembre de 2013.
En respuesta, Erdogan acusó a Gulen de promover su derrocamiento a través de una 'estructura paralela' integrada por miembros del aparato judicial y las fuerzas de seguridad que eran afines a Hizmet.
Pese a que el clérigo ha condenado desde Estados Unidos la asonada y ha pedido una investigación sobre los hechos, las autoridades turcas insisten en que fue él el principal responsable de lo ocurrido.