Entre los beneficiados por esta medida figura el islamista Islam el Behery, condenado a un año de cárcel en diciembre de 2015 --fue sentenciado inicialmente a cinco años-- por "despreciar la religión" a través de un programa de televisión que terminó siendo suspendido.
Al Sisi había prometido en octubre revisar la ley de manifestaciones aprobada en su día para contener las protestas. Según esta ley, es necesario un permiso del Ministerio del Interior para cualquier reunión de más de diez personas, lo que para opositores y organizaciones de Derechos Humanos implica limitar una libertad básica.
El nuevo Gobierno, constituido también en octubre, ordenó la creación de un comité para revisar los casos de los estudiantes detenidos "por delitos políticos". La Presidencia anunció posteriormente que esta comisión ampliaría su ámbito de análisis para incluir también a presos con veredictos definitivos acusados de delitos vinculados a protestas, publicaciones o discursos.