Esta medida, vigente en un principio hasta el 19 de julio, contempla un único pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 8 por ciento para el dinero repatriado, un nivel por debajo del 35 por ciento que deberían pagarse en caso de querer introducir en México capitales no declarados en el extranjero.
La orden también establece que el capital repatriado debe ser canalizado a ciertos tipos de inversiones, como activos fijos o propiedades, durante un mínimo de dos años.
Peña Nieto ha atribuido esta amnistía fiscal al "entorno económico incierto" que atraviesa México y ha considerado un "éxito" las cifras obtenidas en la primera mitad de 2017. "La respuesta favorable que ha recibido esta iniciativa es otra muestra de confianza en nuestro país", ha destacado durante un acto en la capital, según 'El Universal'.