La Constituyente, afín al Gobierno de Nicolás Maduro, asume por decreto potestades legislativas que le correspondían a la Asamblea Nacional, que ya 'de facto' no podía llevar a cabo ninguna iniciativa al haber sido declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En concreto, el nuevo órgano adoptará las leyes que sean necesarias para "garantizar la preservación de la paz, la soberanía, el sistema socio económico y financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos", según el decreto.
El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, ha advertido en Twitter de que ni el órgano que encabeza ni la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acatarán la "disolución" que intenta imponer Maduro a través de la "fraudulenta" ANC. En este sentido, ha subrayado que la Constituyente "es nula y sus actos, ilegales e inconstitucionales".
Borges ha descrito la aprobación del decreto como un "golpe de Estado" que supone, a su vez, "la profundización de las acciones que ejerce el régimen de Maduro contra la Asamblea Nacional y la Constitución". El Parlamento ha convocado una sesión para el sábado por la mañana a la que ha invitado al cuerpo diplomático extranjero.
La decisión de la ANC ha generado una ola de protestas entre dirigentes de la oposición venezolana, pero también ha recibido la repulsa del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, una de las voces más críticas en la región contra el Gobierno chavista. Para Almagro, se ha cometido una "disolución fraudulenta" del Parlamento que implica la "profundización del golpe de Estado".