El estado de emergencia fue declarado en octubre del año pasado después de que se registraran numerosas protestas en el país, especialmente en las regiones de Oromia y Amhara por una reestructuración de terrenos en Adís Abeba, la capital del país.
Estas manifestaciones derivaron en un movimiento de protesta contra el Ejecutivo y los abusos de los Derechos Humanos en el país. En marzo, el Parlamento aprobó por unanimidad ampliar el estado de emergencia durante cuatro meses debido en un intento por impedir que se produjera un levantamiento en diversas partes del país, según ha informado el diario local 'Sudan Tribune'.
La votación para retirar el estado de emergencia ha tenido lugar después de que el ministro de Defensa, Siraj Fegessa, presentara un informe sobre la situación durante los últimos diez meses.
En el documento, Siraj señala que la paz y la seguridad en el país han sido restauradas gracias a la colaboración de la población. No obstante, ha admitido que aún quedan algunos problemas de seguridad sin resolver en varias zonas.
Más de 26.000 personas han sido detenidas en Etiopía bajo el estado de emergencia, aunque la mayoría han sido liberadas. Según el ministro, al menos 8.000 de ellas continúan bajo custodia policial debido a los delitos cometidos en el marco de las protestas.
El país se ha visto afectado desde 2015 por una serie de manifestaciones en las regiones de Oromia y Amhara, donde la población reclama más derechos políticos, territoriales y económicos.
El estado de emergencia facilitaba los arrestos y redadas sin necesidad de contar con ordenes judiciales y restringía el activismo a través de las redes sociales. Además, prohibía movimientos y aglomeraciones sin permiso previo en las inmediaciones de fábricas.