En su comunicado, ha apuntado que "la derecha israelí se sigue alimentando del silencio y la indiferencia de la comunidad internacional", según ha informado la agencia palestina de noticias Maan.
Por ello, ha pedido a la comunidad internacional que "cumpla sus responsabilidades legales y éticas a la hora de dar protección a los palestinos".
"El ministerio reitera además la conexión entre la introducción del proyecto y la decisión del Tribunal Supremo de Israel de demoler el asentamiento de Amona, en Cisjordania, fallo al que se han opuesto los derechistas de Israel".
El Tribunal Supremo de Justicia desestimó el lunes un recurso presentado por el Gobierno israelí y reafirmó que Amona deberá ser evacuado antes del 25 de diciembre por ser un asentamiento levantado ilegalmente, incluso desde el punto de vista del Derecho israelí.
Los miembros del tribunal reprocharon al Gobierno esta nueva petición de moratoria para la evacuación, ya que la primera sentencia favorable a los propietarios palestinos de los terrenos en los que se levanta Amona data de 2008.
Desde el grupo de Derechos Humanos israelí Yesh Din, representante de los propietarios palestinos, destacaron que la petición del Gobierno no tenía ningún tipo de respaldo "aparte de la capitulación de la Fiscalía a las presiones políticas".
El Derecho Internacional contempla todos los asentamientos como ilegales, si bien Israel diferencia entre aquellos a los que ha concedido permiso y los que no, que son los que se verían afectados por esta legislación.
El último borrador de la Ley de Formalización contempla la legalización de todos aquellos que hayan contado con apoyo del Estado, y no los establecidos fuera de la planificación de las autoridades.