Del total, 63 víctimas era líderes sociales o defensores de los Derechos Humanos, mientras que las 64 restantes eran personas no relacionadas con el activismo social o humanitario, según informa Caracol Radio.
En el caso del primer grupo, el 45 por ciento de los crímenes se produjeron en territorios históricos de las FARC que ahora han quedado vacíos por la desmovilización de la guerrilla. De los 64 asesinatos de activistas, el 80 por ciento fueron estos lugares.
Naciones Unidas ha señalado al Clan del Golfo, organización criminal dedicada principalmente al narcotráfico e integrada por ex paramilitares, como responsable de la mayoría de los crímenes contra líderes sociales defensores de los Derechos Humanos.
La ONU ha instado al Gobierno a "reconocer" que los asesinatos de estos colectivos reflejan "una situación grave sobre la cual el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar la vida" de dichas personas y para ello ha recomendado buscar nuevas alianzas en la sociedad y acelerar la implementación del acuerdo de paz.