El informe, basado en testimonios de testigos directos de los combates que se libraron en Mosul durante nueve meses, recoge casos de secuestros en masa, uso de escudos humanos, bombardeo intencionado de viviendas civiles y ataques indiscriminados contra quienes querían huir de la ciudad, considerada el principal bastión en Irak de Estado Islámico.
Más de 2.500 civiles perdieron la vida, en su mayoría víctimas de ataques de Estado Islámico, mientras que al menos 741 de estas víctimas corresponden a ejecuciones directas llevadas a cabo por los yihadistas. Las fuerzas iraquíes han recuperado de entre los escombros los cuerpos de otras 1.642 personas --según datos actualizados hasta el 26 de octubre--.
Durante el transcurso de la operación, concluida en julio, "miles de civiles fueron objeto de impactantes abusos de los Derechos Humanos y de claras violaciones del Derecho Internacional Humanitario", ha subrayado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Zeid Raad al Hussein.
"El asesinato mediante ejecuciones de civiles, el sufrimiento infligido a las familias y la excesiva destrucción de propiedades no se pueden tolerar en ningún conflicto armado y los responsables deben responder por estos atroces delitos", ha añadido.
El enviado especial de Naciones Unidas para Irak, Jan Kubis, ha lamentado que "el reinado del terror no ha perdonado a nadie" y se ha cebado especialmente con "vecinos desarmados cuya única culpa era que vivían en zonas bajo el control de Estado Islámico". También ha denunciado la destrucción de monumentos, con "una total falta de respeto por la historia y el Islam, la religión que esta organización terrorista dice erróneamente representar".
El estudio cuenta, por ejemplo, que a principios de noviembre de 2016, miembros de Estado Islámico anunciaron por megafonía que los habitantes de las zonas que ya habían sido recuperadas por las fuerzas del Gobierno iraquí serían considerados "objetivos legítimos", al no haber contenido el avance de las tropas de Bagdad.
Después de este mensaje, el grupo yihadista inició una campaña que iba dirigida "directamente" contra la población. "Las tácticas (utilizadas) incluyeron bombardeos, artefactos explosivos improvisados y disparos contra los civiles que huían", recoge el informe.
PETICIONES
La ONU ha instado al Consejo de Seguridad y al Consejo de Derechos Humanos a tomar medidas para que los responsables de los abusos rindan cuentas por delitos que podrían equivaler a genocidio, crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra, lo que justificaría por tanto la intervención de la Justicia internacional.
En este sentido, ha emplazado al Gobierno iraquí a facilitar y aceptar la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI) de cara a posibles procesamientos.
El informe también exhorta a las autoridades del país árabe a investigar los posibles abusos perpetrados por el Ejército y las fuerzas aliadas. Al menos 461 civiles perdieron la vida como consecuencia de ataques aéreos durante la fase más activa de la ofensiva militar, a partir del 19 de febrero.