"El Consejo Permanente exhorta a los países involucrados a que efectúen el uso de todos los mecanismos de diálogo y de diplomacia, a fin de resolver la situación lo más rápidamente posible", ha dicho el vicepresidente del organismo, Jean Víctor Harvel, quien ha presidido la sesión.
Las autoridades bolivianas han denunciado ante la OEA la "injusta detención" de los nueve funcionarios, que ha tildado de "arbitraria e ilegal" durante una operación contra el contrabando, agregando además que se produjo "con serios indicios de tortura".
El ministro de Exteriores boliviano, Fernando Huanacuni, ha relatado que durante la detención tres de los funcionarios "sufrieron múltiples heridas y contusiones" antes de ser trasladados "contra su voluntad" a un cuartel en territorio chileno.
Huanacuni ha manifestado que los detenidos fueron interrogados "sin la asistencia de asistencia legal, como corresponde en derecho", añadiendo que fueron acusados de contrabando, robo con intimidación y posesión ilegal de armas.
El ministro ha reconocido que incidentes similares han tenido lugar en el pasado, lamentando que en este caso "no se haya procedido según la costumbre y no se hayan usado los canales diplomáticos y de diálogo, más al contrario, se haya llevado a un alto nivel de judicialización sin respetar los acuerdos internacionales de Derechos Humanos".
Por su parte, el ministro de Justicia de Bolivia, Héctor Arce, ha asegurado que Chile ha actuado "motivado por actos de discriminación fundados en razón de nacionalidad, violando los derechos y garantías más fundamentales para los seres humanos".
Asimismo, ha criticado que las autoridades chilenas "en lugar de cooperar con las autoridades bolivianas en la lucha contra el contrabando, brindó apoyo a los contrabandistas".
"En lugar de devolver a los servidores civiles y militares y Bolivia optó por judicializar un incidente común en zonas fronterizas y mantener, humillantemente, a nueve funcionarios bolivianos presos, en un acto de injusticia y arbitrariedad que de seguro quedará grabado y recordado en la memoria negativa de las relaciones entre ambos países", ha recalcado.
Arce ha desvelado además las declaraciones de varios de los funcionarios bolivianos detenidos, publicando varias fotografías de tres de ellos, que presentan heridas y contusiones.
En respuesta, el representante chileno ante la OEA, Juan Aníbal Barría, ha destacado que la postura de La Paz es "inconsistente" y que "no tiene ninguna credibilidad".
Así, ha expresado su "profunda molestia, aunque no su sorpresa, respecto de la reciente intervención de los representantes de Bolivia", asegurando que la reunión "tiene objetivos meramente comunicacionales".
"La OEA y este Consejo Permanente no pueden ser la caja de resonancia de reclamaciones individuales", ha manifestado, criticando a Bolivia por "pretender usar los foros internacionales para denostar a otros países".
"Chile se pregunta qué credibilidad puede tener un gobierno que invita al diálogo pero insulta a nuestras autoridades, que difunde falsedades como aquellas referidas a las condiciones en que fueron aprehendidos los nueve ciudadanos bolivianos o sobre el trato que reciben en cárceles chilenas", se ha preguntado Barría.
Asimismo, ha recalcado que "Chile no está en guerra con nadie" y que "Chile es un país pacífico". "No queremos otra controversia, pero si quieren otra controversia, Chile está disponible y va a enfrentarla por las vías pacíficas", ha añadido.
En una nueva réplica, Arce ha cuestionado la afirmación de Barría sobre las "falsedades" en la postura de Bolivia. "Hay imágenes. ¿Son falsas esas imágenes? ¿Es necesario encañonar a los oficiales del Ejército de un país amigo cuando están en un incidente de frontera?", ha preguntado.
"Ahí están las imágenes. ¿Es necesario tirarlos al suelo, ponerles la boca contra el piso, cargar las armas de fuego, disparar a su derecha y a su izquierda? ¿Eso es respetar los derechos de las personas?, ¿eso es respetar a un Gobierno vecino con el cual se tienen casi mil kilómetros de frontera?", ha cuestionado.
"Pregunto con todo el respeto a los representantes de Chile: esas imágenes de nuestros funcionarios golpeados, lacerados, con la cabeza rota, llenos de hematomas, como fueron detenidos por Carabineros de Chile, una fuerza regular que debió ayudarlos en la frontera en un incidente donde se supone que los dos estados luchan contra un delito transnacional, como es el de contrabando, ¿eso es respetar el Estado de derecho? ¿Eso es respetar los derechos de las personas?", ha vuelto a preguntar.
"Bolivia no está en guerra con Chile, Bolivia no quiere guerra con Chile", ha manifestado Arce, resaltando que la OEA "ha sido creada justamente para este tipo de situaciones".
Al tomar nuevamente la palabra, Barría ha indicado que "no cree que este Consejo Permanente sea la tribuna adecuada para ventilar un caso judicial".
"No es esta una audiencia, no es un tribunal, pero no vamos a aceptar ninguna ofensa, ninguna crítica que se nos formule respecto a nuestras credenciales en relación a nuestras relaciones de vecindad, ni menos por la forma como conducimos nuestras actuaciones", ha remachado.
EL CASO
El pasado 19 de marzo, dos militares y siete empleados de la administración aduanera de Bolivia fueron detenidos en la frontera común mientras realizaban tareas relacionadas con la lucha contra el contrabando.
El Gobierno de Morales sostiene que los funcionarios estaban inspeccionando unos camiones chilenos en el lado boliviano de la frontera, porque tenían información de que transportaban mercancía de contrabando, cuando agentes de Carabineros intervinieron y les detuvieron.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet ha desmentido esta versión y ha indicado que "las nueve personas detenidas estaban en territorio chileno cometiendo delitos". "Se habían robado uno y querían robarse nueve camiones con productos", dijo.
Ambos países ya tuvieron una crisis poco antes porque, según Bolivia, las autoridades chilenas obligaron a retirar la bandera del consulado de Antofagasta, si bien La Moneda sostiene que en realidad no era una oficina consular.
La Paz y Santiago llevan meses inmersos en una nueva escalada de tensión, coincidiendo con la recta final del proceso que enfrenta a los dos países en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la demanda de Bolivia contra Chile para exigir una salida soberana al océano Pacífico.