En su informe 'Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres', el GAIPE ha señalado que "el plan (...) para asesinar a la lideresa se inició en noviembre de 2015", agregando que "la información obtenida a través de los registros telefónicos permite asegurar que hubo un intento de asesinato durante los días 5 y 6 de febrero del 2016".
En el mismo ha apuntado a la existencia de una red criminal "compuesta por directivos y empleados de la empresa DESA, agentes estatales y sicarios con niveles de responsabilidad" en el asesinato de Cáceres.
El GAIPE ha manifestado que esta red habría cometido además delitos de asociación ilícita, conspiración para delinquir, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad.
"Los agentes a cargo de la investigación no han seguido las normas sobre debida diligencia e investigado exhaustiva para procesar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto", ha denunciado.
En este sentido, ha resaltado que "pese a que ocho personas han sido sindicadas como autoras materiales del asesinato, el Ministerio Público no ha mostrado avances en relación a las autorías intelectuales", asegurando que "cuenta con evidencia suficiente para impulsar nuevas líneas de investigación".
Asimismo, ha hecho hincapié en organizaciones de financiación internacionales, indicando que "pese a que contaban con información previa sobre la actuación de DESA y su conducta represiva hacia las comunidades, omitieron estas informaciones en función de mantener su respaldo hacia la concesión".
El organismo fue creado después de la negativa de las autoridades hondureñas a crear un grupo internacional para supervisar la investigación del Ministerio Público y ha trabajado para "apoyar la realización de una investigación exhaustiva e independiente de quienes impulsan la persecución penal en Honduras".
Cáceres fue asesinada como resultado de su campaña para paralizar la construcción de la presa de Agua Zarca, una infraestructura que, de construirse, destruiría bosques nativos y territorios indígenas en Honduras.
Antes de su asesinato, acumulaba una larga lista de amenazas y ataques a su persona. En 2015 recibió el Premio Goldman, conocido como el 'Nobel Verde', por su labor.
Cáceres era una mujer indígena Lenca y una de las defensoras de derechos humanos más conocidas en Honduras, que, desde hace 20 años, había defendido el territorio y los derechos del pueblo Lenca.
La activista se enfrentó a madereros ilegales, dueños de las plantaciones, corporaciones multinacionales y proyectos de represas que cortaban los suministros de alimentos y agua a las comunidades indígenas.