La Ley de Afirmación de la Orientación Sexual, de la Orientación de Género y de la Expresión de Género recoge que ninguna orientación o identidad representa un desorden de la conducta o una enfermedad que precise de tratamiento.
Quienes intenten cambiar o reprimir a una persona se enfrentan a multas de entre 1.000 y 5.000 euros o a una pena de cárcel de cinco meses, según el diario 'Malta Today'. En el caso de los profesionales, la multa puede llegar a 10.000 euros y las penas de prisión, al año.
La nueva norma también rebaja a 16 años la edad mínima en la que una persona puede solicitar un cambio de sexo sin autorización judicial o parental, al tiempo que amplía los derechos de las personas detenidas en materia de identidad de género.
El Colegio de Psicólogos de Malta ha celebrado en un comunicado la aprobación de esta ley, en la medida en que consideran que las terapias de curación de la homosexualidad son una práctica "inhumana" a extinguir.