Las autoridades judiciales belgas reclamaron a Skype que le facilitara datos de su servicio de mensajería y llamadas y su asistencia técnica para acceder a conversaciones de personas sospechosas en el marco de una investigación judicial sobre una red criminal armenia en 2012.
Skype facilitó las direcciones de correo electrónico, los antecedentes de usuarios y las direcciones IP, pero declaró que no tenía capacidad técnica para poder transmitir el contenido de las conversaciones, alegando que no era un operador de telecomunicaciones.
El Tribunal de Apelación de Amberes ha confirmado la multa tras dictaminar que "un operador o prestatario de servicios, que se dirige a los consumidores belgas en el mercado económico belga, debe cumplir la legislación belga y debe estar organizado en el plano técnico a fin de poder responder plenamente a las demandas de la Justicia", según informa el diario 'Le Soir'.
Además, Skype está sometido a las mismas obligaciones fiscales y legales que cualquier operador, especialmente en lo que respecta a la conservación de datos, peticiones judiciales y la interceptación de las comunicaciones de sus usuarios.