Aunque en un primer momento la misión tenía como objetivo el desarrollo de infraestructuras, Abe amplió las funciones del despliegue para concederles la posibilidad de defender, con el uso de las armas, al personal de Naciones Unidas en el país en caso de sufrir un ataque.
Sucede que estas misiones defensivas contravienen los términos estipulados en la Constitución japonesa sobre las funciones del Ejército, muy limitadas en lo que se refiere a su intervención en conflictos armados.
En el caso de Sudán del Sur, esta clase de actuaciones eran consideradas legítimas en tiempos de un precario alto el fuego en el país. Ahora que se ha demostrado que los combates se han reanudado, esta clase de misiones armadas son anticonstitucionales. Estas inconsistencias han provocado la condena de los parlamentarios opositores a Abe en la Dieta Nacional (el Parlamento) de Japón.
La presión ha obligado a que el primer ministro haya anunciado el fin del despliegue. El Gobierno no enviará a otro destacamento para sustituir al actual cuando termine su misión a finales de mayo, según un comunicado oficial recogido por la cadena NHK.