En una reunión del gabinete de seguridad que ha terminado este miércoles a primera hora, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha autorizado que se revoquen los derechos de residencia a los palestinos acusados de delitos de "terrorismo" y que se refuercen las tareas de demolición de casas de los responsables de ataques.
En las dos últimas semanas de violencia han muerto siete israelíes y 30 palestinos, incluidos niños y varios atacantes, como consecuencia de apuñalamientos, atropellos y enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes.
Las causas de la violencia son múltiples aunque los palestinos rechazan la creciente intrusión de los judíos en el complejo de la Mezquita de Al Aqsa, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, una zona considerada sagrada tanto por musulmanes como por judíos.
Además, existe entre los palestinos una profunda decepción por los fracasos en las conversaciones de paz que se desarrollan desde hace años, sin que hayan logrado avanzar hacia el objetivo de lograr un estado propio y sin que detenga la construcción de asentamientos en Jerusalén Este y en Cisjordania.
Muchos de los ataques registrados desde comienzos de octubre han sido llevados a cabo por residentes de Jerusalén Este, el sector predominantemente árabe de la ciudad.
Israel considera que todo Jerusalén forma parte de su territorio, por lo que el cierre de los barrios árabes supone una nueva escalada en la política de seguridad.
Analistas israelíes de temas militares han puesto en entredicho la eficacia que pueda tener este cierre de los barrios árabes por considerar que los que están decididos a atacar continuarán encontrando el modo de hacerlo.
La organización Human Rights Watch ha asegurado que esta medida, que todavía no se ha impuesto pero que se impondrá si continúa la violencia, representa "una receta para el acoso y el abuso". "Cerrar los barrios de Jerusalén Este infringirá una vez más la libertad de movimientos de todos los residentes palestinos en lugar de ser una respuesta estrictamente medida frente a una preocupación concreta", ha afirmado la ONG, en un comunicado.
El ministro israelí para temas de Jerusalén, Zeev Elkin, ha contado a Israel Radio que esta medida se adopta por cuestiones de seguridad y que no persigue someter a la ciudad a una división política.
Los palestinos reivindican Jerusalén Este como la capital de su futuro estado, que estaría formado, además, por la Franja de Gaza y Cisjordania. Israel mantiene que la totalidad de Jerusalén es su capital.
El gabinete de seguridad de Israel también ha ratificado una expansión del despliegue de la Policía Nacional, más guardias en el transporte público y el envío de unidades del Ejército a "zonas sensibles" en la muro que marca la separación con Cisjordania.
El Ejecutivo ha acordado que, además de demoler las viviendas de los autores de delitos de terrorismo, prohibirá que se vuelva a construir en esos lugares. Iniciativas similares han sido posteriormente canceladas por los tribunales israelíes, que han cuestionado la legalidad de ese tipo de medidas.
El Gobierno de Israel tampoco devolverá los cuerpos de los palestinos que han muerto abatidos a tiros por las fuerzas de seguridad.
Este martes, en la última jornada de violencia, varios hombres palestinos armados con cuchillos y pistolas mataron a tres israelíes y dejaron a varios más heridos en Jerusalén y en Raanana, cerca de Tel Aviv, en lo que varios grupos palestinos habían declarado como un nuevo "Día de la Ira".