El fiscal general bahreiní, Ahmed al Hamadi, ha indicado que Salman --quien ya ha sido condenado por "alentar disturbios" durante las manifestaciones de la oposición-- ha sido interrogado durante la jornada.
Así, ha indicado que durante el interrogatorio se le ha cuestionado por "divulgar secretos de defensa a un país extranjero, difundir noticias tendenciosas y afirmaciones sobre la situación interna en Bahréin para minar el estatus y prestigio del país".
Según las informaciones recogidas por la agencia estatal bahreiní de noticias, BNA, Salman continuará bajo custodia mientras siguen las investigaciones sobre el caso, en el que se expone a ser condenado a muerte.
Al Hamadi ha recalcado que las investigaciones apuntan a que Salman mantuvo conversaciones con altos cargos qataríes, acusando a Doha de violar el acuerdo regional destinado a evitar actos contra los intereses nacionales de los respectivos países.
Las acusaciones de Al Hamadi contra Qatar se enmarcan en la crisis diplomática en la región, después de que Arabia Saudí, Bahréin, Egipto y Emiratos Árabes Unidos (EAU) acusaran al país de "apoyar el terrorismo", lo que ha sido rechazado por Doha.
Bahréin atraviesa un momento de gran tensión, en medio del aumento de la represión contra la oposición por parte de las autoridades, entre ellas la suspensión de partidos opositores y la condena contra líderes de la oposición y activistas.
Recientemente, aprobó modificar la Constitución para permitir que los civiles sean juzgados por tribunales militares. La última vez que tribunales militares juzgaron a civiles en el país fue tras las protestas prodemocráticas de 2011, cuando cerca de 300 personas fueron condenadas por crímenes políticos.
Asimismo, el Gobierno anunció en enero la restauración de la autoridad para llevar a cabo detenciones de la NSA, dando marcha atrás en una de las recomendaciones de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin (BICI) que había aplicado tras las protestas prodemocráticas iniciadas en 2011.
Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas de 2011. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de ese año, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en manifestaciones o disturbios.