La publicación de esta información supondrá que se identifiquen los negocios que han contribuido a estos abusos de los Derechos Humanos, según HRW. De este modo, se pretende presionar a las empresas para que paren de hacer negocio con los asentamientos israelíes y para que se adapten a los estándares internacionales y asuman sus responsabilidades.
Según los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y Derechos Humanos, estas compañías tendrían que ser las encargadas de poner los medios necesarios para mitigar cualquier impacto perjudicial en materia de Derechos Humanos en sus actividades. Sin embargo, dicha actividad ha contribuido a una violación del Derecho Humanitario, ya que los abusos que se han cometido eran inherentes al propio negocio de la construcción de asentamientos ilegales israelíes, según Human Rights Watch, que ha añadido que deberían haber detenido las edificaciones e incluso las actividades relativas a éstas --financiación, producción de materias primas,...--.
Los países poseen igualmente obligaciones en materia de negocios llevados a cabo en su territorio o bajo su jurisdicción, puesto que deben asegurarse de que aquellas empresas que operan en áreas en conflicto respeten los Derechos Humanos, ha añadido la ONG.
Con la publicación de estos documentos se pretende también que los países respondan a la llamada del Consejo de Seguridad de la ONU que, en la resolución 2334 de 2016, distinguió entre territorios israelíes y asentamientos contrarios al Derecho Internacional.
Desde entonces, las autoridades israelíes han acelerado sus planes de construcción mediante una ley que supone la posibilidad de confiscar tierras en propiedad de palestinos y han manifestado su intención de mantener los asentamientos para siempre.
También fue a partir de ese momento cuando la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha ido recopilando toda esta información sobre las empresas, cuya publicación definitiva se ha retrasado, si bien se espera que se den a conocer antes de que acabe el año.