Las autoridades de Turquía han determinado que al menos 1.684 jueces y fiscales permanezcan en prisión preventiva por estar involucrados, presuntamente, en el intento de golpe de Estado que tuvo lugar el 15 de julio en el país, según ha denunciado la ONG Human Rights Watch (HRW), que ha alertado de que la medida supone una violación de los Derechos Humanos.
Según la ONG, los magistrados y abogados, cuyos nombres aparecían en una lista, han sido arrestados sin previa existencia de verdaderos indicios de subversión y terrorismo. "Encarcelar a jueces sin pretender siquiera que se lleve a cabo un proceso judicial provoca grandes daños al sistema judicial turco", ha indicado la directora de HRW en Turquía, Emma Sinclair Webb. "Pasar por encima de la ley no es la manera de protegerla", ha añadido.
Para determinar si alguien debe permanecer en prisión preventiva es necesario que los tribunales demuestren la existencia de una serie de indicios que apoyen una sospecha razonable de que los detenidos han cometido algún tipo de delito, según ha explicado HRW, que ha destacado que para justificar un largo periodo de detenciones es necesario que haya pruebas que justifiquen los arrestos.
Según un decreto aprobado el 23 de julio por el Gobierno, los detenidos que "sean señalados como posibles miembros de organizaciones terroristas o grupos que desarrollen actividades contra la seguridad nacional" serán cesados y se les prohibirá permanentemente el ejercicio de la profesión. El 31 de julio, un tribunal congeló los bienes de 3.048 jueces y fiscales que estaban siendo investigados por las autoridades.
La purga de magistrados ha tenido lugar en el marco de una serie de medidas puestas en marcha por el Gobierno contra los seguidores del clérigo islamista Fetulá Gulen, al que tanto el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, como las Fuerzas Armadas acusan de planear la intentona golpista. El movimiento de Gulen, Hizmet (Servicio), era conocido por su amplia red de colegios y academias, donde formaba adeptos.
Gulen fue un fuerte aliado de Erdogan y del Partido de Justicia y Desarrollo (AKP) hasta que el sector gulenista del Gobierno acusó en 2013 a Erdogan y sus familiares de estar relacionado con varias tramas de corrupción, lo que llevó a la destitución del clérigo y a la persecución de sus adeptos, entre los que se encontraban jueces, policías y funcionarios.
FALTA DE INDEPENDENCIA
El Consejo Superior de Jueces y Fiscales de Turquía, que administra el sistema judicial y se encarga de nombrar y destituir a los magistrados, presentó el 16 de julio una lista de jueces y fiscales suspendidos por tener relación con los miembros del "grupo terrorista de Fetulá Gulen". Además de los 2.745 jueces y fiscales detenidos, la lista incluye 48 miembros del Consejo de Estado, dos miembros del Tribunal Constitucional, 140 del Tribunal de Casación y cuatro del Consejo Superior.
Mehmet Yilmaz, presidente del consejo, señaló el 19 de julio que la oficina de fiscales de Ankara había tomado la decisión de detener a 2.740 magistrados y abogados. "La investigación lleva en marcha dos años", ha afirmado. "El número de personas detenidas no ha salido de la nada. La investigación continuará y el número podría ascender", ha aseverado.
El Ministerio del Interior de Turquía anunció el 27 de julio que 1.684 jueces y fiscales habían sido encarcelados. En 2014, HRW denunció la falta de independencia del poder judicial turco en relación con una serie de decisiones judiciales que habrían sido politizadas. "El Gobierno tiene sus motivos para preocuparse por los intereses de los magistrados, pero debe actuar de forma justa e independiente", ha zanjado HRW.