"Al Sayegh hace frente a un futuro incierto, ante el riesgo de una nueva detención por cargos que parecen estar motivados políticamente", ha lamentado el subdirector de HRW para Oriente Próximo y Norte de África, Joe Stork.
"Las autoridades bahreiníes deben investigar sus denuncias de que sufrió abusos graves durante su interrogatorio y hacer que los responsables rindan cuentas", ha remachado.
La activista, quien denunció torturas y abusos sexuales a manos de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) durante un arresto previo, fue detenida por última vez el 3 de julio.
Tras ello, Amnistía Internacional (AI) reclamó la liberación "inmediata e incondicional" de la activista, destacando que "su único crimen es hablar contra un Gobierno decidido a aplastar todas las formas de disenso".
"Estamos profundamente preocupados por el bienestar de Ebtisam", subrayó la directora de campañas de AI para Oriente Próximo, Samah Hadid, recordando que "cuando fue arrestada en mayo, fue golpeada y agredida sexualmente por miembros de la NSA".
"Las autoridades bahreiníes no han investigado esas denuncias y tememos que esté ante un alto riesgo de sufrir torturas mientras permanezca bajo custodia", manifestó.
La detención de Al Sayegh tuvo lugar horas después de que publicara una serie de comentarios en la red social Twitter denunciando los malos tratos sufridos por mujeres a manos de la NSA, responsabilizando al rey de Bahréin, Hamad ibn Isa al Jalifa, de sus acciones.
AUMENTO DE LAS TENSIONES EN BAHRÉIN
El país atraviesa un momento de gran tensión, en medio del aumento de la represión contra la oposición por parte de las autoridades, entre ellas la suspensión de partidos opositores y la condena contra líderes de la oposición y activistas.
Recientemente, aprobó modificar la Constitución para permitir que los civiles sean juzgados por tribunales militares. La última vez que tribunales militares juzgaron a civiles en el país fue tras las protestas prodemocráticas de 2011, cuando cerca de 300 personas fueron condenadas por crímenes políticos.
Asimismo, el Gobierno anunció en enero la restauración de la autoridad para llevar a cabo detenciones de la NSA, dando marcha atrás en una de las recomendaciones de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin (BICI) que había aplicado tras las protestas prodemocráticas iniciadas en 2011.
Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas de 2011. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de ese año, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en manifestaciones o disturbios.