La Policía anunció el domingo una pausa en su lucha contra el narcotráfico para llevar a cabo operaciones contra agentes responsables de abusos. El martes, el presidente, Rodrigo Duterte, dijo que quería la ayuda del Ejército en esta 'guerra contra las drogas' y para detener a policías corruptos.
HRW ha denunciado que la implicación de "personal militar" en una política civil "incrementa el riesgo de que se use una fuerza excesiva o innecesaria" y de que se lleven a cabo "tácticas militares inapropiadas".
"Existe una cultura de impunidad profundamente arraigada dentro del Ejército de Filipinas", ha denunciado Kine, quien ha recordado que desde 2001, sólo un soldado ha sido condenado por un asesinato extrajudicial.
No obstante, ha señalado que la detención, en agosto de 2014, de un general retirado, Jovito Palparan, supuso un "excepcional reto" a la impunidad "de la que ha disfrutado el personal militar".
Kine ha señalado que los soldados filipinos tienen "un largo historial de enmascarar las ejecuciones extrajudiciales de presuntos comunistas rebeldes o críticos de izquierdas como 'encuentros legítimos'", asegurando que este 'modus operandi' tiene "siniestras similitudes" con las operaciones llevadas a cabo por la Policía en su lucha contra las drogas.
Desde que Duterte inició su campaña contra el narcotráfico --promesa estrella de su campaña electoral-- se han llevado a cabo unas 7.000 ejecuciones relacionadas con este delito, de las cuales la Policía es responsable directa de unas 2.500.