Durante su visita al país africano, Guterres ha subrayado que "en RCA hay instituciones políticas electas por el pueblo y hay voluntad política de apertura que se plasmó muy bien en la reciente ampliación del Gobierno".
Así, ha indicado que las divisiones religiosas se deben a la manipulación política, reclamando a los líderes comunitarios y religiosos del país "que alcen su voz a favor de una reconciliación efectiva".
Guterres se ha reunido durante la jornada con el presidente de RCA, Faustin Archange Touaderá, al que ha agradecido su llamamiento a la unidad en el país, tras lo cual ha visitado el campamento de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de la ONU en RCA (MINUSCA) en la localidad de Bangassou (sureste).
Desde allí ha dado las gracias a los 'cascos azules' su labor, expresando sus condolencias a los contingentes de Camboya y Marruecos por las bajas sufridas en los ataques contra la misión registrados en los últimos meses.
Posteriormente, se ha reunido con desplazados internos en Bangassou, en un momento en el que el número de desplazados por el conflicto ha alcanzado los 1,1 millones, la cifra más alta hasta la fecha. Entre ellos figuran 600.000 desplazados internos.
RCA lleva sumido en un conflicto interreligioso desde 2013, cuando los antiguos rebeldes de Séléka, principalmente musulmanes, se hicieron con el poder y depusieron al entonces presidente Francois Bozizé, provocando la aparición de milicias 'antibalaka' de mayoría cristiana que actuaron en represalia.
Alrededor de una de cada dos personas en República Centroafricana, lo que supone una cifra de 2,2 millones, necesitan ayuda humanitaria, según aseguró en septiembre la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Varias agencias de ayuda humanitaria, como Médicos Sin Fronteras (MSF) y Plan Internacional, han tenido que suspender sus operaciones en el país durante los últimos meses, dado que los milicianos saquean sus instalaciones, matan a sus agentes y asaltan sus centros de salud.
El plan de respuesta humanitaria para 2017 ha sido financiado sólo en una tercera parte, lo que supone una dotación de 148 millones de dólares (unos 123 millones de euros), en vez de los 497 millones de dólares (alrededor de 415 millones de euros) solicitados, según muestra el Servicio de Seguimiento Financiero de la ONU (FTS).