En una declaración institucional, Valls destacó que los objetivos del Gobierno son relanzar la economía francesa y hacerla más justa, devolviendo el poder de compra a los trabajadores, así como reducir el objetivo de déficit, ya que asegura que el país no puede "seguir viviendo por encima de sus posibilidades".
En este sentido, aseguró que hacer ajustes implica hacer elecciones y respetar los compromisos adquiridos, lo que es la base de "la credibilidad y la confianza". Además, reducir el déficit supone lograr margen de maniobra para invertir y preparar el futuro.
"Es también asegurar la permanencia de nuestro modelo social y modernizar nuestros servicios públicos", añadió Valls, quien remarcó que los esfuerzos a realizar serán "justos" porque se repartirán de forma "equitativa" y beneficiarán a todos.
Una de las medidas adoptadas supone la congelación del salario de los funcionarios, ya que la situación obliga a pedirles que se "sumen al esfuerzo común". Sin embargo, aseguró que no se adoptarán más medidas excepcionales respecto a la función publica.
Asimismo, informó de que, aunque está descartado totalmente una reducción de las prestaciones sociales y las pensiones, en el "contexto excepcional actual" no se revalorizarán al menos hasta octubre de 2015, salvo en el caso de las más bajas, que continuarán aumentando al mismo ritmo que la inflación.