La carta, firmada por el presidente del FARC, Rodrigo Londoño, señala que la sentencia C-17 dictada por la Corte Constitucional, "abre las puertas a la impunidad, en una clara a burla a los derechos de las víctimas".
En la carta rechaza que los agentes estatales no militares y terceros responsables de graves crímenes hayan sido excluidos de la obligatoriedad de someterse a la JEP. Así, quedan en manos de la justicia ordinaria que considera que en 50 años ha tenido un papel a favor del Estado.
"Dejando su juzgamiento a la justicia ordinaria, justicia que en más de cincuenta años de conflicto jugó el papel de instrumento de guerra a favor del Estado, aplicándose con todo su rigor apenas a los contradictores del mismo", señala la carta.
Por esa razón, Londoño anuncia que han decidido remitir el acuerdo final ante la Secretaría Técnica del TPI para que la valore y revise si hay destrozos a elementos claves del acuerdo.
"De ese modo aspiramos a conseguir que la Corte Penal Internacional (por TPI) sopese, cómo el fallo de la Corte Constitucional sobre la JEP y los cambios de última hora agregados en el Congreso de la República, destrozan elementos claves destacados por expertos internacionales por su sujeción a la legislación internacional sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad", apunta Londoño.