En este pacto también se recoge que "el consumo de drogas debe ser asumido como un problema de salud pública" y se establece como compromiso del Gobierno de "liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública", incluyendo la puesta en marcha de políticas y programas en esta dirección.
De esta forma, habría programas de prevención del consumo y salud pública, además de proyectos para la solución del fenómeno de la producción y comercialización de narcóticos. El comunicado también hace referencia a planes para la sustitución de cultivos de uso ilícito y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos.
En este último punto, ambas partes insisten en la participación de las propias comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los citados programas, dando una especial importancia a la implicación de las mujeres en este proceso. Así, se pretende "proteger a los eslabones más débiles de la cadena de narcotráfico, que son los cultivadores y los consumidores".